Han pasado tres semanas desde que, de forma voluntaria interrumpí mi regla de escribir sobre los asuntos de la I+D+I que me ocupan e interesan. Y en esas tres semanas, que se preveían de descanso, ocio y cierre de un año tan agitado, los asuntos acontecidos no han dado lugar a que sucediese lo esperado. Por el contrario, la pandemia creciente, la amenaza de contagios que ha llegado a las puertas de las casas de casi toda la ciudadanía y las continuas amenazas globales que rodean ese escenario de crisis sanitaria – inflación que no para, amenazas de guerra en Europa, incremento de la crispación en el mundo – no han dado sitio para que el deseado fin de año haya traído paz y felicidad.

Sin embargo, el año 2022 nace y se presenta, de nuevo, lleno de retos y oportunidades. Empezando por las buenas noticias que nos dejó el aciago Diciembre – los fondos NGEU ya en nuestras arcas, algunas leyes como la de las Startups de buen contenido, el incremento del empleo en nuestro país hasta niveles de la primera década del siglo XXI, el acuerdo entre los agentes sociales para la Reforma Laboral – no cabe duda alguna de que tenemos cimientos en los que seguir construyendo nuestras nuevas propuestas de país.

Y para arrancar hay que hablar, como bien definió nuestra guía ESPAÑA PUEDE, de REFORMAS y de PROYECTOS DE INVERSIÓN. En el primer ámbito, y siempre refiriéndonos a la I+D+I, dos leyes – la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación y la Ley de las Universidades – que deberán ver la luz en las próximas semanas y que están siendo esperadas con interés y confianza.  Ambos proyectos, estrechamente relacionados entre sí, deberán servir para resolver problemas identificados y cruciales para el progreso de nuestra sociedad: el papel de las empresas en el crecimiento de la Innovación y el rol de las Universidades en nuestro sistema formativo.

Estos dos proyectos de Ley ocuparán, sin duda alguna, mucha de nuestra atención y este artículo de arranque de año solo pretende animar su discusión y publicación lo antes posible, pues deben ayudar a resolver viejos problemas bien identificados, pero aún no resueltos, que tienen un gran impacto en la competitividad de España en el mundo.

Y de eso también debe ocuparse el segundo ámbito, el de los Proyectos. Ya es hora de aterrizar, con la reglamentación de los PERTES publicada, con los fondos en la caja de la tesorería, con las empresas y sus colaboradores preparados en los boxes de salida. Es URGENTE que las convocatorias se cierren, los concursos competitivos se decidan y los fondos lleguen a las empresas y, consecuentemente, al empleo cualificado que deberá cambiar el tejido empresarial español. No viene mal reiterar aquí que esos fondos deben estar orientados a tejer una sociedad más digital, verde, inclusiva.

No se han producido avances en los aspectos que se contemplaban en el Real Decreto 36 de Diciembre de 2020 y por lo tanto los temas de mejora en la gestión de los fondos sigue siendo tarea pendiente. Lo peligroso es, según se rumorea en ámbitos de la AGE, que ese proyecto reformista está siendo seriamente atacado por los enemigos de siempre, reticentes a los cambios que son tan imprescindibles para el progreso.

Tres ámbitos, por lo tanto, para no perder de vista: 1) las leyes que deben reformar lo que no funciona, 2) los proyectos que deben arrancar los trabajos que van a cambiar nuestro tejido productivo y 3) las mejoras de la gestión pública que debe facilitar el encaje entre los dos ejes del progreso antes descritos.

Otra vez en marcha, vigilante de lo que suceda, seguro de nuestras capacidades, exigente con los protagonistas y convencido de que no podemos perder esta oportunidad.