Como pocas veces anteriormente asistimos a un bombardeo de opiniones sobre la innovación en España y la necesidad de fomentarla; la crisis actual no ha hecho sino dar un empujón social importante. Podríamos decir que la innovación se ha convertido en un nuevo “bálsamo de Fierabrás” que todo lo cura. Sin embargo, a poco que profundicemos nos encontramos con usos muy diversos del concepto de innovación.

Nuestra posición es que para elaborar y ejecutar una política de innovación eficaz es absolutamente necesario delimitar con claridad a qué nos estamos refiriendo. En este artículo queremos aclarar tres cosas: ¿Qué entendemos por política de innovación?, ¿por qué es necesaria una política de este tipo? y ¿cómo debería hacerse?

Comencemos por aclarar qué entendemos por innovación. Una primera manera de acotarlo es apuntar lo que no es. No es una política científica, aunque existen relaciones entre ambas; tampoco es una política tecnológica, con la que tiene más afinidades y tampoco es una política industrial, aunque deben estar estrechamente vinculadas.

En términos propositivos, nosotros entendemos la innovación como la introducción de nuevas soluciones en respuesta a problemas, retos u oportunidades que surgen del entorno social y/o económico. Con otras palabras, no es suficiente con considerar la fase de invención, sino que hay que atender a una perspectiva más amplia que mire el ciclo completo desde las nuevas ideas a su puesta en práctica y difusión.

La segunda pregunta: ¿por qué es necesaria una política que intervenga en ese proceso? no tiene una respuesta baladí; no pocos estudiosos y responsables políticos consideran que es la “mano invisible” del mercado la que proporciona las señales adecuadas para que los agentes económicos (las empresas) tomen las decisiones oportunas de cuando hay que hacer algo nuevo o hacerlo de manera novedosa. Los argumentos favorables a una política de innovación se basan en dos líneas argumentales: la existencia de fallos del mercado y la aproximación desde la perspectiva de los Sistemas de Innovación.

«Podríamos decir que la innovación se ha convertido en un nuevo “bálsamo de Fierabrás” que todo lo cura. Sin embargo, a poco que profundicemos nos encontramos con usos muy diversos del concepto de innovación».

En el primer caso, el argumento es sencillo, la teoría económica ha demostrado que precisamente el mercado no es una manera eficiente de asignar recursos a las actividades relacionadas con el conocimiento porque existen fuertes externalidades y serios niveles de incertidumbre. Por ello, la inversión privada no alcanzaría el nivel que sería deseable para el desarrollo económico. A pesar de su sencillez, este argumento tiene puntos oscuros: ¿Cómo sabemos que las actuaciones emprendidas mejorarán y no empeorarán la situación? Y ¿cómo identificamos ese óptimo al que debe tender una sociedad?

Más reciente es la otra fundamentación de las políticas. Esta parte de considerar la innovación como un fenómeno social que se produce en un marco de interacciones dentro de un Sistema de Innovación. Este Sistema estaría formado por un conjunto heterogéneo de empresas e instituciones públicas y privadas. En este contexto, la justificación para una política de innovación se basa en las insuficiencias o el mal funcionamiento del Sistema de Innovación que impiden alcanzar niveles  de actividad innovadora necesarios para alcanzar un mayor nivel de desarrollo.

Tenemos, por tanto, razones de peso para justificar la intervención pública pero aún nos queda abordar el problema más peliagudo, la tercera pregunta, que es el de cómo y con qué contenidos. La variedad de políticas puesta en práctica en las últimas décadas es enorme por lo que es muy difícil elegir por la vía puramente experimental cual será el modelo más aconsejable, pues los entornos sociales de cada caso pueden marcar diferencias considerables. Se constata que existen actuaciones muy heterogéneas que abarcan desde los incentivos a la I+D de las empresas hasta la compra pública innovadora, pasando por políticas de capital humano o instrumentos para fomentar la colaboración entre empresas o entre éstas y las instituciones de investigación.

La dificultad no reside solo en la complejidad de los casos, sino en que la realidad nacional e internacional está cambiando aceleradamente, tanto por los avances tecnológicos (donde la digitalización tiene un papel central) como por el surgimiento de nuevos desafíos socioeconómicos como el cambio climático o la inclusión social. Todo ello acompañado de no pocos cambios en las instituciones y políticas.

En este contexto, continuar de manera irreflexiva con las políticas de innovación existentes entendemos que no es la mejor manera de enfrentar un futuro tan lleno de oportunidades e interrogantes. En el debate sobre la nueva configuración de las políticas de innovación se enfrentan varios discursos, siendo los más representativos dos: de un lado, los que se basan en una consideración “de abajo arriba” que consiste en identificar problemas concretos y darles soluciones “ad hoc” mediante nuevas interacciones del tejido productivo y social. De otro, los que parten de una redefinición del rol del Estado para que ejerza un nuevo liderazgo en la identificación de los desafíos y en las soluciones a poner en práctica.