Es verdad que se ha tardado en cerrar el proceso de regulación que reglamenta como deben ser los proyectos, sus características más precisas y eso ha desgastado mucho a los que esperaban que esto sucediese ya a finales del 2021. Hay que recordar que las Manifestaciones de Interés se concretaron en los últimos meses del año pasado y en ellas las empresas echaron el resto, proponiendo proyectos por miles de millones de euros, lo que permitió – acertadamente por parte del Gobierno – estar tranquilos ante la capacidad de respuesta del sector empresarial español. Pero es también necesario tener en cuenta, que este proceso ha necesitado difíciles negociaciones con Bruselas que, como garante del buen fin de tantos fondos públicos, ha exigido, con buen criterio, que, esta vez, las cosas se hagan bien y no tengamos que lamentarnos en el futuro de malas aplicaciones de esos recursos.

Ahora ya esta todo aquí, y arranca la carrera. Empezando por el PERTE DEL VEHÍCULO ELÉCTRICO, los proyectos de han de presentar desde el 1 de Abril hasta el 3 de Mayo y su duración se extiende hasta después de treinta meses desde la fecha de la resolución o haber alcanzado el 30 de junio de 2025. La primera condición, como viene siendo habitual, es corta en extremo, si bien como ya se dijo anteriormente, nadie ha estado parado, por lo tanto, es de suponer que los proyectos estén avanzados en alguna forma. No obstante, mala consejera es tener prisa en cerrar algo que supondrá tanto bueno para tanta gente. Un poco más de tiempo, no habría supuesto nada en este proceso que, por otra parte, sí ve extendida la ejecución de las actuaciones a casi tres años.

Uno de los elementos destacables de este primer reglamento es que reitera, de forma explícita la exigencia de cumplir con los elementos básicos de los fondos NGEU: partir de apuestas por la I+D y la Innovación y de exigir, de forma explícita, el respeto al medio ambiente a través de la normativa DNSH (Do not significant harm) que deberá acompañar a todos los proyectos que se presenten.

El marco de este artículo no es el adecuado para entrar en una valoración detallada del articulado publicado en el BOE. Tendremos tiempo de ir, poco a poco, entrando en algunos detalles más adelante. Me conformo, en este avance con algunas consideraciones de relevancia. Empezando por la necesidad de aprovechar estas oportunidades para revisar el concepto del tan controvertido efecto incentivador que se sigue exigiendo en el artículo 10. Este atrasado y superado concepto tiene su pizca de gracia cuando los tiempos son como son, ultra rápidos y las compañías no pueden detener su actividad a los plazos, objetivamente lentos de los procesos administrativos. Habrá que seguir insistiendo en donde haga falta para corregir esta exigencia de cara a los próximos llamados de este grandioso proyecto.

El segundo aspecto que quiero destacar es la recomendación de que, puesto que se va a exigir, que se tenga muy en cuenta a la hora de elaborar las propuestas la evidencia de su impacto en la sostenibilidad medioambiental y también, que esta vez no se olvide, de las componentes de equilibrio de género y territorial, los otros dos pilares que sustentan los fondos de los que nos vamos a surtir. Preparar con cuidado y esmero estos aspectos significarán facilidades a la hora del evaluador de los proyectos.

Y de evaluador, va esta tercera consideración. El órgano competente para instruir el procedimiento y posterior seguimiento de los proyectos de este PERTE es la Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo tal y como enuncia el artículo 17 del BOE. Y aquí seguro que arrancan algunos problemas de la siguiente etapa. Nunca poniendo en duda la capacidad, dedicación y compromiso de los efectivos con los que cuenta la Dirección, la realidad es que se les va a someter a un reto en cantidad y tiempos que no es comparable con lo encarado hasta el presente. Y lo peor es que las reclamaciones para ampliar sus capacidades no han sido atendidas, al menos hasta ahora, por los responsables públicos (Ministerio de Hacienda) de esta materia. Si siempre ha sido justificado asignar los recursos adecuados a los proyectos, ahora, el no hacerlo podría suponer un error imperdonable.

Para cerrar este aperitivo de asuntos relevantes, una aseveración radical. El sector privado tiene que aportar más de 38.000 millones de euros y normalmente esos fondos se deben buscar en los financiadores clásicos del sector empresarial español, es decir, del sector bancario. ¿Tendrá en esta ocasión ese sector tan clásico en España, la inteligencia para apostar y sumarse a este proceso de cambio que tanta riqueza puede generar para nuestro país? Vamos a verlo; lo que sin duda va a suponer es un gran cambio innovador también en este aspecto o, por el contrario, tendremos que romper el actual esquema de financiación bancaria abriendo el paso a nuevas fuentes de fondos para la innovación y la I+D.