LAS PYMES ESPAÑOLAS Y LA I+D+I (I)

Para llegar un día a ser grande, previamente hay que haber sido pequeño y mediano. Y el problema no radica en el tamaño de partida de la entidad / persona sino en sí, tras el paso del tiempo, no se produce el esperado crecimiento. Esta regla general de la naturaleza se cumple también para las empresas, que nacen normalmente con pocos empleados, pocos mercados y muchas ilusiones.

Hay una afirmación que empieza a reiterarse mucho en los últimos tiempos y afortunadamente comienza a admitirse por la sociedad que se ocupa de estas cosas: la innovación es una actividad donde las empresas juegan un papel muy protagonista. También es verdad que no como único actor, pues para que la innovación tome su papel central es preciso que se consideren también los roles de otros jugadores tales como la educación, la regulación, etc.

La sociedad española tiene una asignatura pendiente con la INNOVACIÓN, así lo titulé en un escrito de primeros de febrero y en el análisis detallado de las razones de esa posición destaca el débil papel que desempeñan las PYMES españolas en los apartados de generación de nuevos productos y servicios. Es en este subíndice del European Innovation Scoreboard donde España obtiene los peores resultados. Por lo tanto, parece obvio que es aquí donde se precisa tomar decisiones correctoras de inmediato. Y lo urgente es identificar los elementos que están dificultando su desarrollo para, a renglón seguido, aplicar las soluciones que mejoren su desempeño.

Empezando por los obstáculos, una regla general a todo el tejido empresarial español: su reducido tamaño. Hay demasiadas microempresas que son básicamente actuaciones individuales que cubren actividades de la sociedad con muy reducida capacidad innovadora. Poco se puede hacer en este apartado para cambiar las cosas.

El segundo obstáculo, que afecta al núcleo empresarial que arranca desde los 10 empleados y cubre hasta los niveles más altos de las PYMES españolas, es la altísima dependencia del crédito bancario para su desempeño regular. España es un país bancarizado en exceso y nada ayuda a cambiar este problema el tan reiterado impacto de la morosidad en el cobro de importantísimas cuantías de ingresos debidamente realizados. Se dice en informes fiables que las administraciones públicas adeudan a las PYMES 14000 millones de euros y que las grandes corporaciones que no tienen problemas financieros de este tipo retrasan sus pagos por importe de 122.000 millones. Ah, y todo esto cuando existe una ley que obliga a cumplir con los compromisos de pago en menos de 30 días, ampliamente incumplida por los actores que deberían engrasar el circuito.

Con este hándicap en la disponibilidad de fondos disponibles hay que jugar para, a renglón seguido, comenzar a pensar en qué medidas podrían ser eficaces para incentivar que las empresas se decidan a acometer tareas de innovación, por otra parte, imprescindibles si quieren seguir jugando en el mercado global competitivo. Partimos de la existencia de elementos de contorno que acotan el campo de juego: las ayudas públicas están sujetan a la reglamentación europea de las Ayudas de estado que definen con nitidez las cantidades que se pueden asignar a cada participante en un proyecto de I+D+I.  Cada país de la UE ha definido distintos paquetes de medidas para adecuarlas mejor a su tejido empresarial y esa labor en España, por motivos ajustados a las necesidades de cada momento, ha sido reducido y poco eficaz, vistos sus resultados.

Ahora que estamos en otro momento histórico, cuando pretendemos cambiar el modelo de nuestro tejido empresarial aprovechando la oportunidad implícita a esta crisis tan profunda, debemos poner sobre la mesa algunos elementos que alteren, de forma rotunda, el actual estado de las cosas. Y, con la humildad que es aconsejable en estos casos, me atrevo a proponer dos actuaciones viables con las que estoy convencido que se podría alterar de forma positiva el rumbo de esta senda.

Lo primero es cambiar el formato de las ayudas dedicada a incentivar la I+D+I en las PYMES, pasando a una mezcla de subvención y préstamo firmemente basada en la ayuda no reembolsable. No obstante, no se debería renunciar a las ayudas en forma de préstamo, pero para que ellas sean eficaces es preciso cambiar la forma en la que se exigen garantías a las PYMES que presenten proyectos de I+D+I a las ventanillas de las ayudas públicas. Y como esto ya se intentó y salió mal, la propuesta no es eliminarlas de raíz sino basarse para su exigencia en criterios renovados de análisis de la situación financiera de las compañías – más allá del criterio obsoleto de las empresas en crisis – y en apoyarse para su concesión en fondos de garantía de origen público que alivien el equilibrio de las cuentas de las entidades financiadoras.

Se deberían crear nuevos instrumentos y/o priorizar los existentes específicos para las subvenciones a los proyectos de TRL más bajos, que implican más riesgo de forma que, tras el obligado análisis de las cualidades técnicas de las propuestas, las tasas de éxito en estos programas alcancen cuotas relevantes- superiores al 70% – cercanas a los instrumentos mezcla de ayuda y subvención. De esa forma no se quedarían en la cuneta muchos y buenos proyectos rupturistas que están en la base del crecimiento rápido de sus protagonistas.

En resumen, reducir la mora en el pago, eliminar las garantías imposibles y aumentar la bolsa de ayudas no reembolsables, serían tres elementos en manos de las administraciones públicas que, de modo cierto, ayudarían a cambiar el débil rol de las PYMES españolas en el campo de la I+D+I.

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