El pasado viernes 24 de abril el Foro de Empresas Innovadoras y el IND+I enviaron a los Grupos Parlamentarios del Congreso de los Diputados su propuesta para que fuera tenida en cuenta en el marco del acuerdo para la reconstrucción social y económica. El contenido fundamental de la misma, de la que se han recogido acertados resúmenes en los principales medios de prensa del país, se basaba en la creación de dos operadores nuevos: El Consejo Nacional de Innovación e I+D y la Agencia para la transformación digital y la transición ecológica de la industria.

Y la pregunta que, ante las propuestas, algunas personas se han planteado tiene toda su lógica: ¿por qué necesitamos nuevos instrumentos en España? ¿no tenemos ya suficientes organismos al cargo de un número relevante de leyes que desarrollar? La respuesta inmediata que se te viene a la cabeza es reconocer que, en efecto, casi todo existe en nuestro amplio y añejo aparato de la Administración General del Estado, así como de los más modernos nuevos centros creados alrededor de las Comunidades Autónomas de España.

Existe, sin embargo, un matiz bien diferencial que justifica la petición y que le da un papel rotundamente transformador. Estas breves líneas tratan de dar una respuesta que justifica su existencia. En nuestro país, que se asomó hace pocas décadas a la democracia de corte europeo, se produjo, de forma muy rápida, a los pocos años de su implantación un serio equivoco: creer que, una vez alcanzados los derechos asociados a la democracia liberal, la gestión de las cosas del bien común debería recaer en las manos cuasi exclusivas de los legítimos representantes elegidos o nominados por los partidos políticos.

Esta asunción errónea del reparto de los papeles de la ciudadanía y sus representantes ha llevado a que como se dice en la calle comúnmente: “todo se haya politizado”. La justicia, los colegios y las universidades, los medios de comunicación, todo tienen un apellido que los relaciona con algún partido político con impacto en la sociedad española. Y eso que no tendría que ser malo por principio, una vez que todas las personas en democracia deben tener un posicionamiento ante las cosas de la res publica, se ha llevado al extremo de que los ciudadanos y sus instrumentos de organización social – asociaciones, colegios profesionales, clubes de opinión – han “dimitido” de sus roles como agentes activos de la opinión y el conocimiento de la ciudadanía.

«¿Por qué necesitamos nuevos instrumentos en España? ¿no tenemos ya suficientes organismos al cargo de un número relevante de leyes que desarrollar?».

Las propuestas que el IND+I y el FEI lanzan para su consideración por los grupos parlamentarios proponen que, en estos nuevos órganos de gestión del futuro que deberemos construir tras la superación de la crisis sanitaria, los expertos de la sociedad tengan un papel relevante en estrecha colaboración con otros agentes públicos y bajo la dirección política de los representantes que la ciudadanía haya elegido a través de los mecanismos regulares de la democracia representativa.

De esa forma en el Consejo Nacional de la Innovación y la I+D deberían estar presentes personas cuya trayectoria probada al frente de los principales actores de esas actividades les autorice para colaborar en el mejor desempeño de una actividad imprescindible para el papel protagonista que esas actividades deben ocupar en una sociedad distinta de la que precedió a la pandemia. Investigadores, empresarios grandes y pequeños, responsables de la I+D+I pública y privada, agentes sociales, alcaldes, inversores, tendrían su sitio en el foro donde, de forma regular, se convergiera con los poderes públicos para imaginar, diseñar, y vigilar la ejecución de las políticas que deberán regir nuestros destinos en el futuro de los próximos siete años. Todo lo anterior con la imprescindible participación de los Ministerios y Comunidades autónomas que tienen actividades relacionadas con la Innovación, así como con los agentes financiadores de la I+D+I ya creados, los cuales seguirán siendo los responsables de la ejecución de las políticas que se aprueben por parte de los responsables políticos.

En la Agencia para la transformación digital y la transición ecológica de la industria se propone que se cree una estructura especializada en la gestión de grandes proyectos de transformación económica para cambiar, de una vez, el esquema productivo de nuestro país. Para ello se necesitan de las experiencias empresariales de conocimiento y gestión que, por fortuna tenemos, para que se diseñen las estructuras competenciales propias de semejante reto. En este caso la asignación de presupuestos especiales le confiere a la Agencia una responsabilidad que deberá ser controlada por los órganos de la gestión pública, pero abriendo la experiencia de la tan deseada colaboración privada en el uso y explotación de tan rica fuente de recursos. Los Macroproyectos Tractores deberían ser el foco principal para esta Agencia podría empujar, entre otras, algunas medidas complementarias de desarrollo industrial relacionadas con el tan deseado crecimiento de los fondos de capital privados para asuntos de impacto socio medioambiental.

Al frente de estos nuevos instrumentos se deberían situar personas con probada experiencia en los campos de su competencia, aprobados mediante la selección que realizase el Parlamento y con un seguimiento periódico de su desempeño por un plazo que vaya más allá de los períodos electorales, dándoles el tiempo preciso para la realización de tareas que nunca serán de corto plazo. Para cumplir con la indiscutible relevancia de sus encargos, la dependencia del Consejo y la Agencia propuestos debería ser del Presidente del Gobierno, máxima autoridad en el Ejecutivo y por lo tanto el último representante del buen funcionamiento de estas políticas.

Estas propuestas, factibles y de rápida implementación, quieren aprovechar la gran oportunidad que para el imprescindible cambio de España nos ha traído la crisis derivada del COVID-19. Es una obligación no dejarla pasar en vano si queremos construir una sociedad mejor donde los principales errores del pasado: crecimiento de la desigualdad, cambio climático descontrolado, desprestigio de la democracia liberal, etc., se corrijan. Y este reenfoque se haga de la mano de la participación protagonista de los ciudadanos en los asuntos que son de su principal competencia.