Plan Europeo de Recuperación: instrumentos para asegurar un mejor uso de los fondos
No creo que exista un solo lector interesado en estos temas que no haya dispuesto ya de múltiples informaciones sobre los fondos de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Existen, desde hace semanas, muy documentadas versiones que, elaboradas por todos los medios de comunicación, se refieren a las cuantías, los destinos y los plazos de esos fondos. El objetivo de estas líneas es poner el foco en un aspecto menos tratado, pero no por ello menos crucial para el éxito de tan ambicioso proyecto: ¿cuáles van a ser los instrumentos que se van a utilizar para asegurar el mejor uso de los fondos?
A modo de recordatorio, un breve repaso a las cifras que definen los fondos, particularmente para el caso de España: nos referimos a 140.000 millones de euros en dos tramos, el primero de 72.000 millones en transferencias no reembolsables y el resto, 68.000 en el concepto de préstamos reembolsables antes del 31 de diciembre de 2058. De esas cantidades el Gobierno ha previsto usar en los ejercicios 2021-2023 la primera partida dejando para los años 2024 a 2027 el uso de los fondos a devolver. Para ir avanzando sin demora, en los Presupuestos Generales del Estado, recientemente aprobados, se han incluido 27.000 millones de euros que ya podrán ser considerados como soporte para las primeras iniciativas que se decidan lanzar en el año en curso. Si, tal y como está previsto en el calendario, el programa de España se envía a Bruselas para su estudio por la Comisión Europea antes del 30 de abril, el 30 de junio, como fecha tope, debería ser aprobado por el organismo europeo y ratificado formalmente en un plazo anterior a mediados de julio del presente año.
Con estas cifras y estas fechas, está claro que en lo que queda del período 2021-2023 no tenemos ni un minuto que perder para emplear en esos tres años más fondos europeos que los que España ha recibido desde que se incorporó a la UE hasta el año 2019. Se trata de invertir más dinero en los próximos tres años que en los pasados 23. Ese es el reto y para ello deberemos disponer de algunos elementos imprescindibles; primeramente, ideas, planes y objetivos; a renglón seguido, proyectos y protagonistas que sean capaces de proponerlos y, en caso de aprobarse, ejecutarlos en las formas y modos exigentes que, en esta ocasión, nos obligan los responsables comunitarios. Los dos anteriores, totalmente necesarios, han de coexistir con un tercer pilar que convierta en éxito este reto: los mecanismos de gestión que aseguren una correcta y puntual selección de los elementos que constituyen el abanico de proyectos y, lo que es aún más relevante, que vigilen y aseguren el cumplimiento de los objetivos propuestos. No viene mal recordar, una vez más, que en esta ocasión se tendrá que justificar el empleo de los fondos y, espero que así sea, indicadores del resultado de tan relevante esfuerzo inversor.
En el programa que se ha planteado a la Comisión Europea, según explicaciones dadas por el presidente del Gobierno en el Congreso de los Diputados, se incluyen reformas y proyectos. Para los primeros, se cuenta con una estructura de los Ministerios y del total de la Administración General del Estado, apoyados en cada caso por las competencias distribuidas en las 17 Comunidades Autónomas, que entiendo son suficientes para su diseño, planteamiento, seguimiento y justificación. En muchos de estos planes de reforma se involucra al sector privado, que va a tener que realizar las tareas de modernización imprescindibles para llegar a tener un sector público muy distinto a la salida de esta crisis.
Para el componente de los proyectos de inversión, en esta ocasión se ha concebido bajo la modalidad de la colaboración público-privada, verdadero elemento novedoso. Se dice, en la forma más elocuente de dicha aspiración, que por cada euro público que se invierta proveniente de los fondos europeos, se espera que el sector privado acuda con cinco euros extraídos de sus propias fuentes de financiación. Se trata, por lo tanto, de un cambio muy sustancial y de un reto transformador que se ha de ver guiado por un criterio de eficacia y rentabilidad coherentes con cualquier otro proyecto empresarial.
Aquí radica uno de los interrogantes más relevantes en esta faceta de los proyectos transformadores. A la pregunta de si existen fondos privados para responder a ese reto, la respuesta es afirmativa. En los mercados de capital existen recursos para los buenos proyectos, en cualquiera de las variadas versiones en las que se dan esas propuestas: financiación de proyectos, préstamos en múltiples modalidades, inversiones en capital, etc. No vivimos una época donde los problemas radican en las dificultades de financiación; en un entorno de inflación contenida la búsqueda de proyectos con resultados interesantes es uno de los elementos que más ocupan a los proveedores de fondos para el desarrollo.
Sí que tenemos, por el contrario, algunas dudas sobre los mecanismos que hasta el presente se han venido utilizando para la mejor ejecución de los proyectos con una fuerte componente de colaboración público-privada. Desde algunos actores del sector empresarial, entre ellos la patronal AMETIC, se han venido proponiendo que para el mejor desarrollo de estos proyectos del Programa ESPAÑA PUEDE se deberían crear agencias de nuevo cuño que incluyeran las mecánicas de gestión empresarial, incorporando a ellas los gestores más experimentados y renovando los criterios actuales de colaboración en los mecanismos existentes en el amplio repertorio de regulaciones públicas al respecto.
La respuesta del Gobierno ante estas propuestas ha sido variada. En la parte positiva, se han recogido cambios que pretenden agilizar algunos de los instrumentos existentes – los convenios administrativos– mediante modificaciones en las leyes que los rigen, todas ellas contenidas en el Real Decreto-Ley de 31 de Diciembre de 2020. A esos cambios, cuya eficacia deseamos que sea evidente cuando se comiencen a usar en la práctica, se han acompañado una nueva forma de colaboración público-privada –los Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica (PERTES)– y otros cambios más generales que permitirán adecuar los plazos urgentes de este ambicioso plan a los ritmos, mucho más lentos de la administración pública en general.
Mucho menos atrevida ha sido la elección que se ha realizado desde el Gobierno a la hora de definir quiénes van a ser los vehículos que van a materializar los concursos competitivos a través de los cuales las empresas van a materializar sus proyectos de transformación. Con una lógica explicable, apoyándose en la necesidad de actuar con diligencia, se van a encomendar a los organismos de la AGE, en sus múltiples vertientes, para que diseñen, convoquen, resuelvan, sigan y justifiquen aquellas partidas de los fondos que van a estar destinadas al sector privado.
Sin ser la opción favorita, con una perspectiva pragmática, lo que cabe hacer es facilitar al máximo el trabajo intenso y altamente responsable que recaerá en los próximos meses en esos organismos y para ello es imprescindible que se les faciliten los recursos, humanos y materiales, necesarios para acometer ese reto de gran alcance. Si se pretende que con las diezmadas plantillas de esas entidades se materialicen los numerosos concursos y se resuelvan en plazo y forma que permitan su arranque inmediato, se estaría cometiendo un grave error de diseño que, sin afectar al núcleo del Programa podría poner en peligro el éxito de su resultado.
Con recursos propios reforzados o mediante las conocidas asistencias del sector privado, los entes públicos involucrados, tienen la experiencia para acometer sus tareas. Si no se les apoya con alguna medida, los problemas detectados recientemente en el desarrollo inicial de los ERTE o en el despliegue del IMV, se volverían a repetir con el indudable perjuicio para la ciudadanía que vería retrasarse el efecto positivo de importantes proyectos inversores que persiguen renovar el parque de edificaciones, llenar de puntos de recarga para el coche eléctrico nuestra red de carreteras y un largo etcétera de nuevos elementos que deberán modificar nuestra forma de vivir en los próximos años.
Es un detalle pequeño, pero seguro que con un impacto grande. Los que tienen que decidir al respecto deben considerar las soluciones para antes de que nos lleguen las aprobaciones de Europa y eso debería ser antes del verano del 2021. No queda ya tanto tiempo.