LOS APROBADOS Y LAS ASIGNATURAS PENDIENTES (UE dixit)
Hace unos días tuve la ocasión de conocer el informe que la Comisión Europea ha elaborado para España bajo el título “In-Depth Review 2024”. El documento analiza los aspectos vulnerables de las políticas gubernamentales que tienen mayores riesgos emergentes como consecuencia de los distintos elementos relacionados con la deuda exterior, las inversiones privadas, etc. De la lectura de sus 20 páginas he extraído algunas conclusiones que recojo en este post.
Empezando por la oportunidad de este tipo de informes, afirmo que es muy útil disponer de una entidad, independiente de los gobiernos de los países, que se encarga de evaluar la situación económica de los miembros de la UE. Doy por descontado que, a buen seguro, se podrá discrepar de sus criterios, confrontar sus conclusiones, pero es indudable que su existencia no puede ser ignorada por los responsables de las políticas económicas de los países bajo escrutinio. Y España, como el resto de los miembros de la UE no lo hace, por el contrario, trata de sintonizar sus directrices con las líneas que se recomiendan en estos informes.
Entrando ya en su contenido, una primera conclusión que se extrae de sus primeros párrafos es que España va bien. La economía española ha crecido el 2.5% el año 2023 y se prevé un crecimiento continuado en el 2024, aunque sea un poco menor. Este dato se consolida con una tasa de inflación contenida, un potente crecimiento del empleo, un positivo cuadro de las capacidades exportadoras de las empresas españolas y un potente consumo interior que sumado a los ingresos por turismo configuran en su conjunto un cuadro económico satisfactorio. La utilización rápida de los Planes de Recuperación, Transformación y Resiliencia apunta a una consolidación de la economía española que supera a la de otros actores habituales protagonistas del crecimiento europeo.
El informe, como se espera de un documento de este tipo, también señala los aspectos en los que se debe actuar para corregir los puntos débiles de la economía española. Entre otros que se indican – ley de la vivienda, reformas en el ámbito de la justicia, reducción de la deuda pública, etc. – visto el enfoque habitual de este blog, he elegido destacar el que hace referencia a la productividad y la competitividad de la economía española.
Se señala como un ámbito de gran mejora el crecimiento en el esfuerzo inversor privado en el campo de la I+D y la Innovación. Somos uno de los países con más bajo esfuerzo inversor en relación con nuestro PIB. El 0.8% de España frente al 1.5% de la media de la UE, es todo un indicador de por donde hay que actuar. De forma paralela, se indica que hay que mejorar nuestro parque de especialistas en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y se reitera el ya sabido déficit en los estudios STEM.
Todos estos factores impactan de forma muy destacada al tejido empresarial español formado mayoritariamente por PYMES con especiales problemas para crecer en los muy complejos mundos de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación.
Leer, provenientes de tan expertos vigilantes de la cosa pública, propuestas que corren paralelas a las que algunos venimos reclamando desde hace tanto tiempo, no deja de ser una pequeña satisfacción que, por otra parte, no nos deja tranquilos ante la permanencia de los problemas irresueltos. Y por ello, volvemos a la carga.
Empezando por la motivación del sector privado para invertir en I+D e Innovación. No hay duda, está respaldado por los mejores Centros de Estudios especializados, la mejor llamada para que los recursos empresariales privados atiendan a las demandas de las innovaciones en producto, proceso, mercado, reside en las ayudas fiscales asociadas a esas actividades. Por ello, convencidos del error que se cometió cuando no se excepcionaron las inversiones en I+D e Innovación en el Impuesto Mínimo de Sociedades, el grupo de 11 entidades con experiencia en estos asuntos (ASEBIO, SERNAUTO, FEDIT, CTA, COTEC, AFIDI, CRUE, AMETIC, FEDERACIÓN NACIONAL DE CLÚSTERES Y AEIS, FEI e IND+I), hemos incorporado a las 26 propuestas para las políticas de innovación en España, la siguiente:
«Reformar la limitación impuesta en el Impuesto Mínimo de Sociedades a las deducciones por actividades de I+D+I.
Las deducciones por I+D+I son uno de los mejores instrumentos para incentivar la inversión privada en I+D+I. Es por ello, que se considera deberían quedar excluidas de la fijación de un tipo de tributación mínimo, y avanzar hacia un ordenamiento similar al que ya se encuentra legislado en otros territorios de España como Álava, Vizcaya, Guipúzcoa o Navarra, cuyos regímenes forales plantean un tipo impositivo mínimo, pero siempre excluyendo de dicho límite las deducciones por actividades de I+D+I, lo que representa una clara apuesta por estas actividades como herramientas de competitividad.»
Para completar esta apuesta, en el campo de las materias de Fiscalidad se han elaborado otras siete más. Destacamos otra que entra en el detalle de los elementos que impactan más en las actividades de la Innovación.
«Diseñar incentivos para que la inversión privada tenga motivaciones para invertir en las actividades intrínsecas a la I+D y a la Innovación.
La financiación de las empresas emergentes es siempre una difícil cuestión. Se dice que son por lo menos seis las formas posibles de conseguir financiación privada para una nueva empresa: 1-crowfunding, 2- capital de riesgo, 3- business angels, 4- aceleradoras privadas de empresas, 5 préstamos y 6-capital de arranque (bootstrapping).
En muchos países, las políticas de innovación incluyen atractivos para que el capital privado se vea estimulado a participar en esta financiación. Estos incentivos deben entenderse tanto en los momentos de la aportación de la inversión como en la gestión de los resultados de estas. Algunos pasos se han dado, en esta línea, en la reciente Ley de Startups, pero existen aún campos de mejora que animan actuar en esta línea.
Entre otras muchas medidas, proponerse al menos las siguientes modificaciones:
1. Bonificación de 100% de la Cuota de la Seguridad Social para los fundadores de empresa emergente que son autónomos societarios.
2. Mejorar la fiscalidad del emprendimiento en serie, especialmente con las plusvalías obtenidas por fundadores al vender sus empresas. Se propone la exención en el IRPF del 100% de la plusvalía obtenida siempre que el importe íntegro de la enajenación se reinvierta en la suscripción de acciones o participaciones de otra empresa emergente durante los 4 años siguientes desde la obtención de las plusvalías.
3. La participación en entidades de Capital Riesgo y las participaciones en Empresas de Nueva Creación, con independencia del porcentaje o tiempo de disposición, no deberían estar sujetas al impuesto sobre el patrimonio, ya que esto desincentiva los casos de inversión de éxito, incluso antes de la generación de las plusvalías por inversión.
4. Reformar la figura del “Exit Tax” para que se cree un sistema de diferimiento fiscal que genere una obligación tributaria en nuestro país en el momento de la venta de los activos y no en el de su salida.
5. Se propone eliminar la limitación del 70% para la compensación de Pérdidas Fiscales (Bases imponibles negativas – BINs) en el caso de empresa emergente, lo que permitirá anticipar en el tiempo el aprovechamiento efectivo en caja de ese crédito fiscal (Art. 26 Ley 27/2014).
6. Promoción para la inversión de Fondos de Pensiones en startups y ScaleUp.«
Señores responsables de atender las recomendaciones de la Comisión, por favor, consideren estas propuestas que, avaladas desde la Sociedad Civil, se ofrecen para su discusión, alejadas de cualquier elemento reivindicativo, concebidas desde la postura más propositiva. Quedamos a la espera de que se nos invite a esa discusión de la que deberían salir propuestas que sirvieran para que en el próximo In-Depth Review 2025, estos asuntos se hayan incorporado a la parte positiva – hechos conseguidos – del Informe. Soñar no cuesta dinero.