En la primera sesión del Congreso de los Diputados de este nuevo curso, se han aprobado un importante paquete legislativo que abarca múltiples aspectos de la vida de un país vivo. Las Leyes han ido desde las medidas para luchar contra la inflación hasta las que se ocupan de los derechos de las mujeres ante el acoso sexual. En medio, se ha aprobado la Ley de la Ciencia, Tecnología e Innovación. Este proyecto fue devuelto el pasado mes de julio al Congreso, tras la aprobación en el Senado de una enmienda que perseguía corregir un cambio de última hora en su primera tramitación en la Cámara Baja. Al final, las aguas vuelven a su cauce y la Ley se ha aprobado tal cual se votó en la primera vuelta, cuando no hubo ningún voto en contra.

No voy a dedicar ni un segundo a continuar con un debate que, sin quitarle su trascendencia, me parece que produce un gran defecto: desenfoca de manera grosera el punto nuclear de esta ley y de sus relevantes carencias. Las posturas a favor y en contra de los contratos indefinidos para proyectos con terminación definida han tenido sus huecos en la prensa que ha cubierto la aprobación de la Ley. El estado de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación en España necesita  de otros debates más amplios, con más ambición y por supuesto con la vista puesta en dar respuesta a la pregunta clave: ¿para qué se hace en un país avanzado la investigación y la innovación?

Esa pregunta no ha estado en el centro de la elaboración de la Ley recién aprobada. Ya he dicho en varias ocasiones que bienvenida sea esta norma que mejora algunos de los problemas internos de la situación que en algún momento tenían que ser encarados. Esa salutación positiva no puede, sin embargo, ocultar que, terminado este proyecto es imperioso, urgente, imprescindible, ponerse a elaborar una nueva norma que dé el empujón que necesitamos si queremos no perder esta oportunidad que nos da la presente situación post pandemia para rediseñar el tejido productivo español.

De eso se trata, de repensar la Ciencia, la Tecnología y la Innovación de España para que, en sintonía con otras reformas imprescindibles, nos propongamos construir una sociedad más competitiva en los mercados mundiales, basada en la existencia de empleos dignos y como consecuencia de todo lo anterior, que seamos una comunidad más rica, justa y sostenible. La convergencia entre la Innovación y la I+D con la reindustrialización de nuestro tejido productivo, panorama bien definido en la creación de los PERTES, es una exigencia que deberemos de construir en los próximos tiempos. Una futura ley de Industria, propuesta por un amplio espectro de la sociedad civil, podría ser el complemento a esa visión más amplia de la nueva ley de la Ciencia, Tecnología e Innovación.

Tomemos los avances de la Ley recién aprobada como puntos donde apoyarnos para seguir peleando por algo que aún está lejos de visualizarse pero que, no lo dudemos, está en nuestro alcance si desde el origen fijamos, de forma clara, para qué queremos cambiar, hacia donde queremos caminar, a dónde queremos llegar. Y ese debate, repito no se ha hecho, y por lo tanto seguimos encerrados en unos problemas que existían y existen, pero de cuya solución no nacen los cambios transformadores que necesitamos.

Arranca el curso y tenemos materia para esforzarnos. Bienvenidos a la tarea.