En estos últimos días hemos conocido un Anteproyecto de Ley para la reforma de la actual Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, vigente desde el año 2011. Ese texto se ha sometido a consulta pública y ha recibido múltiples comentarios de los que se ocupan de estos asuntos en nuestro país: investigadores, empresas, asociaciones especializadas, etc. Esta ley forma parte del paquete de reformas que España ha comprometido en el programa ESPAÑA PUEDE y, por lo tanto, es una pieza más en la ambiciosa tarea de modernizar nuestro país con ocasión del maná de los Fondos Europeos NEXT GENERATION EU.

Y ese detalle de la ambición reformista que debe rodear nuestros propios años es, posiblemente, el principal talón de Aquiles de dicho anteproyecto. En él se ha puesto el acento en tres grandes aspectos que parecerían ser los principales puntos críticos del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación, a saber, la carrera de los investigadores científicos, la transferencia de conocimiento entre el sector público y el privado y la gobernanza del sistema.

Cuando se dedica el tiempo, la experiencia y el saber al análisis del texto propuesto, el resultado que se deduce de los comentarios recibidos es cuasi unánime: a la propuesta le falta ambición reformista. Casi todos lo que la han estudiado, coinciden en valorar de buena forma, las propuestas que se incluyen y que, sin duda, persiguen resolver parte de los ya viejos problemas que acompañan a nuestra I+D+I desde hace décadas. Lo malo no es lo que se propone, sino lo que no se formula dejando sin resolver algunos de los asuntos más dañinos para nuestra retrasada posición en los rankings mundiales de países avanzados.

Las regulaciones de la I+D+I no se ciñen a la presente Ley; por el contrario, otras muchas reglamentaciones legales paralelas, contempladas en leyes en ciernes de ser cambiadas o que merecerían serlo, tienen importantes influencias en su éxito. La renovada Reforma Laboral, la pendiente Ley de Universidades, la anunciada reforma de la fiscalidad, las regulaciones que se derivan de la Sostenibilidad (los célebres ODS como ejemplo), las definiciones de los PERTES en vías de convocatorias y un largo etcétera conforman un complejo entramado que debería de sonar acorde para el éxito de la reforma de la I+D+i en España.

La propuesta que ha de pasar por el trámite parlamentario es una buena ocasión para avanzar. Me temo que, por el contexto actual, ni esta ley, que siempre ha concitado unanimidades en el Congreso, sea capaz de reunir las voluntades reformistas que serían precisas. No obstante, algunas de las aportaciones que desde la sociedad civil se han expuesto en la Consulta Pública deberían ser consideradas para su mejora y sería muy conveniente que los distintos grupos parlamentarios se pusiesen manos a la obra para su mejora. Ideas hay, necesidad también, si queremos que esta nueva Ley tenga un recorrido largo y transforme, para bien, un panorama que en la actualidad deja mucho que desear.

Como el recorrido del Anteproyecto va a ser largo, se visualiza su aprobación para el verano de este año, es preferible esperar a su desarrollo a la hora de entrar en el detalle de sus contenidos más precisos. Ahora parece más oportuno citar, de forma muy breve, algunos de los aspectos que necesitan ser incluidos o mejorados de cara a su mayor ambición.

Empezando por la gobernanza, algunos creemos que por el carácter transversal de la I+D+I es precisa la constitución de un Consejo Nacional de la Innovación y la I+D que reúna a todos los actores públicos y privados que operan en su día a día y que ahora no disponen del entorno en el que compartir sus propuestas.

Siguiendo por un tratamiento de urgencia para que la INNOVACIÓN en nuestro país salga de la vergonzante posición en la escala de la ONU. Para ello es necesario poner en pie medidas específicas de política y presupuestarias que animen a la cooperación entre los agentes. Más ciencia, claro está, pero más foco en los destinos de sus resultados, pensando en clave de MISIONES PAÍS que transformen nuestra realidad. Europa, en su actual Programa Marco, apuesta definitivamente por esta visión y en España, los pasos dados hasta el presente no parecen que tengan esa ambición transformadora.

Por último, cuando se habla de carrera científica y se pone el acento en el sector público – sin duda el más afectado – no se debería olvidar que ese proyecto debe considerar también dos aspectos no contemplados: la globalidad de la misma, no sólo su arranque, y la existencia de ciencia en el sector privado que habría que conectar de forma inequívoca en este proyecto.

Estos tres ejes, voluntariamente acotados por razones de espacio y de oportunidad, son una pequeña muestra de cómo se podría idear una apuesta mucho más transformadora que, basándose en una coincidencia amplia existente en nuestra sociedad, debiera ser el resultado de la futura Ley para los próximos años. Ojalá se pongan los vientos a favor y podamos, en un futuro próximo, loar el logro de ese proceso parlamentario, que para eso está contemplado en democracia.