España ocupa el puesto treinta en el Índice Global de innovación, ranking mundial de países innovadores elaborado por la ONU. Su posición en otras escalas es bien distinta: somos la decimotercera economía mundial en la lista del Fondo Monetario Internacional (FMI) y estamos en el puesto décimo entre los países con producción científica reconocida. Esta diferencia se ve confirmada por la apreciación de la ciudanía: muy alta para el desempeño de los científicos y decreciendo en un 16% en términos de apoyo a la innovación, siempre según el informe de percepción social de la Ciencia y la Tecnología elaborado por la FECYT en el reciente 2020.

La apuesta decidida por la Ciencia es una de las garantías más fiables para que los países puedan mejorar, en el largo plazo, en sus condiciones de vida y bienestar. Por lo tanto, exigir que nuestro país apueste por mejorar una posición relevante en la producción científica debe seguir teniendo los mayores apoyos. Obviando una vieja polémica entre la necesidad de apostar por la ciencia básica o la aplicada, lo que es una realidad hoy en España es que nuestro principal problema radica en la debilidad de la Innovación, tarea encargada de transformar los resultados de la Ciencia en beneficios concretos para la ciudadanía. Es ahí donde tenemos un gran déficit, tal y como lo refleja el indicador al que se hace referencia en el arranque de este escrito.

En el crecimiento de la innovación tienen mucho que decir actores bien diversos: las políticas públicas, las empresas, las universidades y los centros de formación en todos sus rangos, las ciudades, los protagonistas de las relaciones laborales y, también, los que deciden -a través de su regulación- las transformaciones de las normas sociales. Pero es en las empresas en las que recae, de forma indiscutible, el efecto tractor de su crecimiento. Solo cuando una investigación, venga desde donde venga, acierta en una solución y se convierte en un producto, proceso o conducta innovadora, es cuando los ciudadanos perciben sus ventajas concretas.

Si queremos mejorar en esa mala posición de España en la Innovación, tenemos que actuar y de forma rápida. Y las palancas para su cambio se deben basar en tres pilares: fondos económicos para influir, políticas públicas a ejecutar y actores protagonistas de la acción.

Lo primero, los fondos han sido, hasta este ejercicio, el efecto limitante más evidente. Los recursos dedicados a la innovación en España han estado en todo el periodo reciente de la democracia -con la excepción de unos pocos ejercicios en la primera década del siglo XXI – muy por debajo de los de la media de nuestros socios europeos. Ahora, por el contrario, vamos a poder disponer de Fondos Europeos provenientes entre otros del programa Next Generation EU (144.000 Millones de euros), unos nuevos y ambiciosos Presupuestos Generales del Estado, y unos cuantos años para actuar. Se podría suponer que teniendo encauzado el principal motor – “los dineros”- vamos a ver cuál es el estado del arte de los otros ejes de actuación.

Empezando por las responsabilidades públicas en esta materia, hay que destacar que hasta el presente este problema se ha contemplado de una forma muy parcial, básicamente entendiendo que su campo de actuación se debía limitar a aliviar los fallos del mercado. Hoy en día, por el contrario, ya es admitido por los países que están en la vanguardia de la I+D+I que son precisas actuaciones desde lo público mucho más generalistas y tocando múltiples aspectos en todas las políticas bajo su responsabilidad: fiscales, financieras, de educación, salud, defensa, medio ambiente, etc. Además de esta limitación de objetivos, los distintos Ministerios, los Organismos intermedios involucrados y las Agencias Regionales de innovación de las Comunidades autónomas carecen de los elementos de interrelación definidos, imprescindibles para llevar a cabo acciones eficaces con recursos limitados.  Por ello, en resumen, se precisan la definición de nuevas POLÍTICAS PÚBLICAS DE INNOVACIÓN más generalistas y de nuevos instrumentos de COORDINACIÓN para que los distintos implicados – casi todos los que actúan en sociedades avanzadas – dispongan de las herramientas de gestión coordinada imprescindibles para tener éxito y cambiar las cosas. En esta línea la propuesta reciente del Foro de Empresas Innovadoras y la Comunidad IND+I para la creación de un Consejo Nacional de Innovación debería ser tomada en consideración por parte de los máximos responsables de la materia.

Siguiendo con las empresas y todos los organismos que colaboran en la difícil tarea de convertir las ideas en elementos útiles para la ciudadanía, partimos de una implicación del sector privado en esta materia por debajo de los índices de los países con los que nos queremos comparar. Y esto se debe, básicamente, a dos razones principales. La primera al tamaño y la antigüedad de nuestro tejido productivo y la segunda a la carencia de las ya citadas políticas públicas que motiven a ese reducido grupo de empresas obligadas a convertirse en innovadoras. Para hacer crecer a las existentes y generar nuevos proyectos empresariales no caben otras acciones que la de facilitar sus tareas, es decir, flexibilizar los trámites de crecimiento, apoyar con las medidas fiscales y de otros tipos la vida cotidiana de las empresas, usar la compra pública innovadora, apoyar los mecanismos de financiación de las operaciones de riesgo, facilitar la exportación, etc. Estas acciones, no les quepa ninguna duda, fueron hechas en el pasado por los gobiernos de los países en los que hoy existe un tejido empresarial potente que lideran la producción de productos y servicios para los mercados globalizados. Esos países funcionaron como ESTADOS EMPRENDEDORES y de ello se benefician hoy sus ciudadanos.

De entre todas estas palancas que ayudarían al crecimiento de la relación de las empresas y sus colaboradores con la innovación, destaca una que, por su sencillez e inmediato efecto sobre las cuentas de resultados, le han convertido en el favorito de las mismas: las deducciones fiscales por las inversiones en I+D+I. España, puede presumir de tener una legislación avanzada en esta materia y a la vez de sonrojarse de una aplicación cicatera de la misma. Siendo todavía cifras pequeñas es algo alarmante que de los cerca de 900 millones de euros que según las estadísticas oficiales las empresas podrían haberse deducido por acciones reconocida de I+D+I sólo un tercio de los mismos – menos de 300 M€ – se han convertido en ayudas finalistas en sus cuentas anuales. Estos datos, revelados en recientes estudios de la AIREF y de la OCDE, son una buena evidencia de como se podría actuar, de forma inmediata en la labor de incentivar y motivar al empresariado decidido a correr los riesgos implícitos a la I+D+I.

Los próximos tres años, 2021 a 2023 van a ser vitales para que España cambie su trayectoria en la actividad innovadora. Ahora no caben excusas, difícilmente vamos a disponer de las condiciones globales para acometerlo. Será la responsabilidad de todos los que estamos involucrados si no lo conseguimos. Pongámonos a la tarea, ya mismo.