TRANSFIERE 2022 este año ha reunido en Málaga a más de 3000 profesionales relacionados con estos asuntos. Como consecuencia de su convocatoria se han realizado más de 5000 reuniones de negocio, más de 370 expertos han manifestado sus opiniones sobre todos los temas de actualidad y se ha acogido a más de 120 empresas de reciente creación, algunas de ellas spinoffs del mundo universitario. De esa forma, en seis foros simultáneos se podían escuchar las posturas más cualificadas en asuntos como los Fondos Next Generation EU, la Compra Pública de Innovación, las propuestas del CDTI, la actividad del CSIC, la financiación de las Start-up, la Soberanía tecnológica, las políticas de Comunicación en el sector, el papel de los Centros Tecnológicos (con FEDIT a la cabeza), los avances en materia de transferencia de tecnología en España, el lanzamiento de la Fundación Instituto Ricardo Valle o la financiación privada de proyectos de I+D, entre otros muchos.

La innovación en España está mal y para su mejora son precisos muchos elementos de corrección del tiro. Uno de ellos, y no precisamente el menor, es la cooperación entre los distintos actores. TRANSFIERE puede y debe jugar ese papel de la Feria Española de la Innovación que reúna a todos los protagonistas en la búsqueda conjunta de las soluciones. Y lo puede hacer desde Málaga, ciudad que nos muestra como la definición de objetivos ambiciosos, mantenidos a lo largo del tiempo, sin virajes tácticos, conduce al éxito. Sí, desde Málaga, pero abierta al mundo y para ello invitar al resto de los territorios de España y a los países más activos en innovación. Buen ejemplo es tener a Suecia como país invitado para la próxima convocatoria de TRASNFIERE 2023. Pasar de una ciudad mediana, sin especial brillo en la modernidad, al centro de un país con atracción para multinacionales de primer rango que se instalan en su territorio es toda una buena práctica que merece la pena ser estudiada para su uso en futuras experiencias.

Estábamos en medio de la feria y se nos anunció que el Consejo de Ministros del viernes 18 aprobaría la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación. Y lo haría con un mensaje de impacto: el compromiso de alcanzar el año 2030 el 1,25 % del PIB para la inversión pública en I+D+I. El resto de la propuesta, ya lo valoré en su momento, sigue siendo, en mi opinión, una ocasión perdida, bien intencionada en los aspectos que toca, pero sin la suficiente ambición reformista, requerida ante la gravedad de la situación. Tendremos tiempo, a lo largo de la tramitación parlamentaria, para entrar en los detalles del texto que al final se apruebe, ahora cabe resaltar la relevancia del anuncio estrella de última hora. Sea bienvenido, si bien, como no podía dejar de ser de otra manera, ese acuerdo está supeditado a las exigencias presupuestarias de cada ejercicio. En cualquier caso, tiene el valor positivo del compromiso político de mantener una atención permanente, incremental e imprescindible de la parte pública que persigue la actuación paralela de la inversión privada hasta alcanzar el 1,75% que redondearía el 3% objetivo de la UE. Para que esto se dé, en los términos y cantidades precisos, es urgente que se corrija de inmediato el error cometido en los Presupuestos Generales del Estado de no excepcionar las inversiones en I+D+I de la tasa del 15% del Impuesto de Sociedades. Hay que hacerlo para no caer en la contradicción de decir adelante y atrás en el mismo momento.

Como elemento nada anecdótico y a la vez evidente de nuestros problemas con la estadística en este asunto, vamos desde ya a dejar de mezclar las inversiones en I+D, medidas con alguna precisión, con las que se dedican a Innovación, cuya fiabilidad está más que cuestionada. Creo que cada vez es más urgente romper esa relación que inventamos hace unas décadas de la I+D+I para pasar a hablar de la I+D y la Innovación como elementos bien diferenciados. Algo de eso se tratará en el Grupo de Expertos que trabajará en los próximos meses al respecto.