Desde hace algunas semanas sabemos de la existencia de un borrador de un Real Decreto-ley por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la administración pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. El documento que tiene 76 páginas está cargado de avanzadas propuestas que, en caso de aprobarse y llevarse a la práctica cambiarían, de forma muy profunda, los modos de operar de la Administración General del Estado en estas materias.

Hay que tener mucho conocimiento del Derecho Mercantil y de las reglas con las que se mueven los ministerios implicados para poder estar muy seguro de hacer afirmaciones rotundas acerca de este texto. Poniendo por delante mis limitaciones en ambos sentidos, me atrevo, después de varias lecturas del documento, a afirmar que estamos ante un proyecto muy relevante, que cambia aquello que hace falta y que, reitero si al final se aplicase, supondría un verdadero avance en la línea de colocarnos como una sociedad innovadora.

El decreto persigue que los principios de gestión de los más de 140.000 millones de euros que España recibirá de la UE, provenientes del Instrumento Europeo de Recuperación (NEXT GENERATION EU), por los que se rijan las Administraciones Públicas se ajusten a los principios de “agilidad, celeridad, simplicidad y claridad en los procedimientos, procesos y ejecución de tareas”. Esta declaración de intenciones se ve seguida en el largo texto en un conjunto muy detallado y preciso de reformas que, por su amplitud exceden del foco de este escrito. Me conformo con citar por su nombre algunos de los principales elementos que llaman la atención en su lectura.

Empezando por la recuperación de las funciones de las Agencias Estatales, “como organismo público, permitiendo reintroducir en la administración pública una fórmula organizativa dotada de un mayor nivel de autonomía y de flexibilidad en la gestión, que cuenta con mecanismos de control de la eficacia, y que promueve una cultura de responsabilización por resultados”, que es una respuesta a la petición lanzada, entre otros, por el Foro de Empresas Innovadoras y el IND+I el pasado mes de mayo.

Siguiendo por la creación de una nueva figura de colaboración público-privada, los Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE), bajo la cual “se pretende reforzar a aquellos proyectos incluidos en el mismo que contribuyan claramente al crecimiento económico, al empleo y a la competitividad de nuestro país, corrigiendo el fallo de mercado de infra inversión cuando las iniciativas privadas no se materializan debido a los riesgos significativos y a la necesaria colaboración público-privada que entrañan este tipo de proyectos”.

Y añadiendo, entre otras muchas mejoras, la simplificación de la tramitación de convenios administrativos que permitan dotar a su tramitación “de una mayor agilidad, eliminando aquellas diligencias que no suponen una merma de los mecanismos de control de los convenios, singularmente las autorizaciones por el Consejo de Ministros se han reducido los plazos para la emisión de aquellos informes que resulten preceptivos”.

Estos breves brochazos del mencionado borrador, espero que sirvan para apretar los puños, desear que salga aprobado, que no haya obstáculos no evidentes en una primera lectura y que se conviertan en realidad tantos buenos deseos y con ellos hacer que en los próximos años pongamos todos nuestros esfuerzos en construir un nuevo tejido empresarial, dentro de una sociedad más justa e inclusiva.