EL IMPULSO A LA INDUSTRIALIZACIÓN ESTRATÉGICA (II)

En la anterior entrega sobre este apasionante asunto, puse el acento en los aspectos cuantitativos de la aprobación por parte de la Comisión Europea de este proyecto de país que tanta falta nos hace. Algunas pinceladas sobre aspectos no meramente numéricos acompañaron lo que fue básicamente un relato sobre las cifras de la ADENDA.

Ahora en esta segunda parte toca opinar más sobre el qué y el cómo que sobre el cuánto. Para empezar, hay que arrancar comentando la marcha de una herramienta acertada en su concepción y con errores en su despliegue; me refiero a los PERTES. No hay duda de que su identificación se corresponde con la idea de los MACROPROYECTOS TRACTORES que desde AMETIC se lanzaron justo antes de la Pandemia y sus terribles consecuencias. Apoyarlos y apostar porque alcancen sus objetivos es mi más profundo deseo. Pero ¿dónde nacen las dudas y los comentarios, que, en clave positiva, se pueden hacer a los mismos?

 Ya se ha expresado en otras publicaciones de este blog, que son dos los principales obstáculos para que los PERTES se conviertan en la herramienta transformadora que deben ser. El primero su gobernanza, en la que la falta de atrevimiento para poner en marcha verdaderos proyectos de colaboración público-privada está mermando su permeabilidad hacia el tejido productivo. El segundo, y tal vez más trascendente, la regulación, proveniente en gran medida de Europa, por la que se está haciendo pasar su despliegue, que ocasiona una lentitud y una rala profundidad en su uso por parte del tejido empresarial. Ambos aspectos no se modifican en la Adenda y con ello se ha perdido una oportunidad de oro para corregir los principales déficits de tan preciada herramienta.

Contentarse con relatar, como se hace en el Anexo II, las innumerables reuniones de las Conferencias Sectoriales, Comisiones, Foros de Alto Nivel, Mesas de Diálogo Social, etc. no es convincente. Su modus operandi no las hacen eficientes a la hora de influir, si bien no está en ellas la responsabilidad de la poca eficacia de este proceso. Saldrán adelante e influirán mucho en la marcha de la economía española y  en su transformación positiva, no me cabe duda, pero, lamentablemente, en una escala menor de la que podría haberse alcanzado si se hubiesen tomado las medidas correctoras que el primer año de puesta en marcha de los PERTES ya habían puesto en evidencia. Permitidme, para cerrar este apartado, una anécdota que me ha llamado la atención al respecto de ese Anexo. No se recoge ninguna actuación del Consejo Asesor de Ciencia, Tecnología e Innovación sobre este asunto, lo que no anuncia nada bueno acerca del papel protagonista que la Innovación y la I+D deben tener en los PERTES previstos.

Otro de los aspectos en los que la ADENDA no hace mucho hincapié es en el ámbito de los roles que tanto las Comunidades Autónomas como las Entidades Locales deben jugar en el despliegue de los fondos. Se adjunta una gráfica que reproduce la asignación de los Fondos a las CCAA y se ve que, en efecto, se han distribuido más de 24.300 millones de euros para su gestión directa.

Es pronto para evaluar los mecanismos y los caminos que cada Comunidad ha tomado para su implantación territorial, pero mucho me temo que hayan estado preñados de las mismas carencias que las que se han evidenciado para la AGE. Habrá que esperar al análisis estadístico de sus resultados, pero, a mi entender, no se ha producido innovación alguna en los modos en los que se ha desplegado el Plan en los territorios autónomos. Otro aspecto, si cabe lógico vista la estructura de los poderes en el Estado español es la baja participación de las Entidades Locales en esta ceremonia. Corregir este asunto pendiente no es tarea del Plan, pero, no cabe duda de que los regidores locales se han visto afectados a la hora de apoyar el mejor despliegue del mismo.

Un último apartado en el que hay que reconocer un impulso trascendental de cara al futuro transformador del Plan, está en el apartado dedicado a los Préstamos mediante la constitución de doce fondos, nueve de ellos de reciente creación y tres, existentes desde el 2020, que proporcionarán al Reino de España financiación a largo y en condiciones favorables. En la tabla que se adjunta se recogen esas líneas que por importe de 66.473 millones de euros han de impactar en el segmento productivo.

Es destacable el rol que se asigna al ICO para vehicular gran parte de los mismos, fruto de su éxito en el despliegue del anterior FONDICO, así como la aparición de un pequeño tramo, asignado a ENISA, para el apoyo financiero a las PYMES innovadoras tanto en su fase de creación como en la de crecimiento. Destaca por su importe los 20.000 millones de euros que se dedicarán a la Resiliencia Autonómica para atender inversiones en áreas prioritarias de los territorios. Vamos a esperar al despliegue de ese caudal inversor para ver cómo se encauzan hacia las necesidades reales de los mismos.

Es muy relevante reconocer que la ADENDA se cierra con 17 medidas reformistas “destinadas en particular a acelerar la transición ecológica y la transformación industrial, entre las que destacan las destinadas a acelerar el despliegue de las renovables, impulsar al movilidad eléctrica y las zonas de bajas emisiones en las ciudades, mejorar la gestión de los residuos y   promover l economía circular y la estrategia de lucha contra la desertización”. Nada más que aplaudir estas propuestas. ¿Cómo, cuándo y de qué forma son las respuestas a las que habrá que estar atentos para la participación desde la Sociedad Civil, los últimos beneficiarios de todo este ambicioso programa?

Hay que agradecer a los autores del Plan su amplia información, su convencimiento de estar en la línea correcta, pero, coherentemente con estos aplausos, hay que seguir insistiendo en que no cabe la autocomplacencia pues es mucho lo que nos queda para convertir este tsunami de fondos en resultados positivos sentidos por la ciudadanía.

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