Otro otoño y se vuelve a caer la hoja con los datos del año anterior relativos al gasto (¡¡¡¡ y siguen llamándolo gasto!!!!) en Investigación y Desarrollo 2019, con un importe total de 15.572 millones de euros, que representa un incremento del 0.01% para situarnos en la pobre cifra del 1.25% del Producto Interior Bruto. Si alguien quiere más detalles de esta negativa noticia le recomiendo que se descargue el informe del INE y se disponga a sufrir.

Yo invito en este breve tiempo que tenemos para una reflexión de este tipo a imaginar que tiene que pasar para que la próxima vez que veamos estas estadísticas nos llevemos una sorpresa positiva. Vaya por delante que no será, desgraciadamente, en el año 2021 pues el ejercicio 2020 será extraño y deberíamos considerarle fuera de la serie al haber estado fuertemente afectado por el COVID-19.

Si cabe alguna esperanza es para el año 2022, cuando podamos evaluar el impacto positivo de los nuevos Presupuestos Generales del Estado del año 2021 y hayamos tenido resultados del tan anunciado cambio de modelo, consecuencia de la aportación de los fondos de los programas europeos y de la reordenación de prioridades dentro del presupuesto nacional.

Las reglas para que las cosas mejoren son sencillas de enunciar y complejas de instrumentar. La primera es dedicar más fondos públicos, y eso parece que va a pasar si se cumplen las previsiones del proyecto de presupuesto anunciado. Con esos fondos y basados en muchos proyectos de cooperación público-privado, se movilizarán muchos recursos de las empresas, que manifiestan estar dispuestas a embarcarse en las exigidas aventuras transformadoras que se anuncian para el empleo de esos abundantes fondos. Si se dan ambos puntos de partida, la siguiente exigencia está puesta en el ritmo y la eficiencia en el uso de los fondos. Y eso tiene mucho que ver con los innovadores mecanismos de gobernanza que se instrumenten en la realización de los proyectos. Y para eso, se conoce, hoy en día, de algunos esperanzadores borradores de decretos ley que buscan agilizar dichos procesos, retirar los obstáculos existentes – verdaderas barreras contra la innovación – y apostar por una administración del siglo XXI.

Solo con estos tres ingredientes, abundantes fondos públicos y privados y una buena gobernanza, se puede uno imaginar un cambio de tendencia que nos lleve a cifras de inversión en la media de la Unión Europea. Pero esto no basta para que lo invertido produzca resultados positivos para la ciudadanía, en términos de empleos, riqueza y satisfacción. Hay que acertar en los proyectos elegidos, en su impacto transformador, en su capacidad competitiva en los mercados mundiales. Y en eso, la mayor parte de la responsabilidad otra vez más está compartida: el gobierno, en una fase inicial,  a la hora de elegir tendencias y las empresas, en el despliegue de sus conocimientos,  para proponer y llevar a la realidad proyectos con calado. Este doble reto está más allá de las cantidades de fondos que se asignen; es verdad que, sin los fondos, el debate sobre los contenidos no ha lugar.