El Foro de Empresas Innovadoras (FEI) y la Comunidad INDI, junto con un grupo de expertos de primer nivel, nos hemos puesto a la tarea de identificar cuáles pueden ser las razones por las que España ocupa una posición tan inapropiada en el ranking de países innovadores y, en consecuencia, identificar las soluciones para abandonar el pelotón de cola. Estamos en ello y esperamos poder disponer de propuestas relevantes para antes de que acabe el año en curso.

De partida, uno comienza a pensar en instrumentos, en regulaciones, en políticas que hagan posible la mejora para corregir semejante desatino. En eso andaba yo este verano cuando un par de mensajes, alguno de ellos recogido en el brillante Encuentro de AMETIC en Santander, del que di una referencia extensa en el anterior escrito, me han empujado a  adentrarme en otra senda, explorar otros caminos.

El primero de ellos viene de una propuesta de la nueva Junta de Andalucía en la que se propone una reforma del funcionariado que desempeña sus labores en las distintas responsabilidades que el estado autonómico ha depositado en las Autonomías respectivas. Educación, Sanidad, Innovación, entre otras, son políticas que dependen de las prácticas que se hagan en los distintos territorios del Estado Español. Pues bien, la Junta dice perseguir distinguir a los empleados que lo hagan bien de los que lo hacen mal, premiando a los primeros y tratando de corregir las incorrectas prácticas de los segundos.

Ayer mismo, en el extraordinario cuadernillo de Ideas del dominical de El País, Soledad Gallego Díaz publicaba su columna con el rotundo título: SIGUE SIN FUNCIONAR. En ella se reclamaba “más inversión y racionalidad para modernizar el funcionamiento de lo que debería ser la estructura básica del Estado”, es decir la mejora del funcionamiento de las administraciones, nacional, autonómica que sigue funcionando de forma deficiente.

Dos visiones para un mismo problema. Y dos enfoques que parecen identificar algo que no funciona pero que, para mi entender, deja pendiente de posicionar sobre el tapete un problema intrínseco y mucho más escondido. Me refiero a algo verdaderamente nuclear en el funcionamiento mejorable de nuestro país: la responsabilidades de los altos cuerpos de las administraciones públicas.

Los políticos ampliamente denostados en nuestra opinión pública son los elegidos para mejorar las cosas, cambiar lo que no funciona, pero para ello disponen de períodos cortos en los que acometer sus promesas electorales. Para lograrlo, en cualquier caso, necesitan disponer de cuerpos de ejército que desarrollen aquellas decisiones que arduamente se aprueban en los parlamentos democráticos respectivos.

Pocas veces aparecen en las críticas ante la ineficacia en la ejecución de las políticas, las enormes resistencias que para su puesta en marcha se encuentran por parte de algunos que se consideran propietarios de la cosa pública y colaboran poco en el deseado proceso de innovación y cambio. Coletillas como “eso se ha hecho siempre así” y otras del mismo estilo, se escuchan a menudo para, en el fondo, esconder conservadurismos indeseados u otras remoras que dificultan el proceso de avance que necesitamos. Son unos pocos que, en medio de ese importante grupo de funcionarios públicos ejemplares, producen inquietantes bloqueos y problemas para el avance de las políticas de progreso.

Por ello, bienvenida la iniciativa andaluza, gracias por la llamada de alarma de la periodista de El País, pero, sobre todo, no cejemos en dar luz a aquellos que, desde posiciones muy minoritarias, frenan los cambios aprobados por los representantes de la ciudadanía a la vez que trasladan una imagen de ineficacia, injustamente generalizada, de un sector público que es imprescindible para que exista una sociedad moderna avanzada. Necesitamos ese cuerpo de esforzados empleados públicos que acompañen, desde sus altas responsabilidades, las exigencias de cambio de los tiempos que nos tocan vivir.